Arizona aprueba ley de cero tolerancia a indocumentados

Opositores consideran que el controvertido proyecto convierte en sospechoso a cualquiera de los dos millones de hispanos en el Estado


PHOENIX, ARIZONA.- Arizona aprobó una propuesta de ley que involucraría más a las comunidades locales en la lucha contra la inmigración ilegal, pese a los argumentos de sus oponentes de que no aumentaría la seguridad del público.

La medida crearía una nueva figura de delito menor en el Estado: no mostrar o portar un documento de identificación de extranjeros. La medida permitiría que los agentes del orden arrestasen a inmigrantes que no puedan mostrar los documentos que prueban que están legalmente en el país.

La iniciativa fue presentada por el senador republicano Russell Pearce y, tras lograr el visto bueno de las dos cámaras, entrará en efecto cuando la gobernadora Jan Brewer, del mismo partido, estampe su firma.

Tanto promotores como detractores de la ley coincidieron al calificarla como la más dura de las actualmente vigentes en Estados Unidos. Partidarios elogian la propuesta como una medida enérgica contra la inmigración ilegal y dicen que va a proteger al Estado de criminales violentos.

Organizaciones sociales han puesto el grito en el cielo ante la medida que consideran “más allá de intolerable”, según palabras de Chris Newman, director legal de la entidad National Day Laborer Organizing Network.

“Parece que obliga a que se hagan perfiles raciales” en vista de que el componente étnico podría ser un factor decisivo a la hora de levantar sospechas por parte de las autoridades.

“Muchos ciudadanos de Estados Unidos van a ser afectados por la aplicación de esta ley por algo tan simple como tener un acento y haberse dejado la cartera en casa”, dijo Alessandra Soler Meetze, presidenta del American Civil Liberties Union de Arizona.

Según el Gobierno, el Estado cuenta con seis millones 500 mil habitantes, de los cuales 30.1% —casi dos millones— son personas de origen hispano o latino (estimado a 2008 de acuerdo con US Census Bureau).

Los problemas en la economía de Arizona han hecho que muchos inmigrantes ilegales se vayan del Estado. Pero al recuperarse la economía, “van a regresar los inmigrantes ilegales en más números, más fuertes y destructivos que en años anteriores”, dijo el representante republicano, John Kavanagh.

Está previsto que Brewer, quien sustituyó a la demócrata Janet Napolitano en 2009, autorice definitivamente esta ley.

Brewer se enfrenta este año a elecciones gubernamentales en noviembre para validar su puesto, unos comicios que tendrán una primera fase con las primarias previstas para el 24 de agosto.

Norma S.B.1070
Indagarán situación migratoria

La normativa S.B.1070 obligará a las autoridades a cumplir a rajatabla las leyes federales de inmigración y convierte en delito casi cualquier actividad que implique ayudar a personas sin estado legal en el país.

Una de las principales novedades de la ley será que requerirá a cualquier representante público en el Estado que realice un intento razonable para determinar el estado migratorio de una persona si existe una sospecha de que es un extranjero presente ilegalmente en Estados Unidos.

Marca un cambio en las responsabilidades de la Policía en Arizona —y también respecto al resto del país—, puesto que en la actualidad no pueden indagar la situación migratoria de una persona si no son sospechosas de haber cometido un delito.

Rancheros piden refuerzo de seguridad ante ilegales

Rancheros y otros residentes de Arizona han reclamado a las autoridades federales y estatales mayor seguridad en la frontera, incluso el emplazamiento de soldados y más agentes de la Patrulla Fronteriza para impedir el ingreso de indocumentados.

La Asociación de Rancheros de Arizona dio a conocer un plan de 18 puntos que dijo antecede a la muerte a tiros del ranchero Rob Krentz, del condado de Cochise, ocurrido el 27 de marzo cerca de Douglas, en el Sudeste de Arizona.

Las autoridades creen que Krentz fue muerto por un indocumentado, probablemente por alguien que trabajaba para un cartel de contrabandistas.

El plan reclama el despliegue de unidades militares y personal de la Patrulla Fronteriza para impedir ingresos ilegales, el procesamiento de los indocumentados, el establecimiento de bases de avanzada cada 20 kilómetros a lo largo de la frontera, la autorización del uso de la fuerza para detener vehículos y aviones, y radar y otros equipos de vigilancia.

“El Sur de Arizona es una zona de guerra controlada por fuerzas delictivas foráneas”, dijo Patrick Bray, subdirector de asuntos gubernamentales de la Asociación de Rancheros. “Cada día esta gente vive con las consecuencias de una invasión extranjera en nuestra frontera sur”.

El grupo declaró en una audiencia del Senado, recordando cómo las familias de la zona fronteriza han sido aterrorizadas por contrabandistas armados.

Periodico elsexenio.com