Friday, November 12, 2010
La crisis deja a miles sin techo en España
En España, la crisis económica ha dado lugar a un fenómeno creciente: el de las personas sin hogar.
Este fenómenos creciente en España afecta tanto a los españoles como a muchos inmigrantes.
Conozca la vida de Angel Serafín Dougan y otros que como él se quedaron sin techo en este video de Gerardo Lissardy, de BBC Mundo.
BBC
Tuesday, November 2, 2010
Votaciones 2010
Hoy salen cientos de ciudadanos a sus respectivos lugares de votación para decidir el futuro del país. Muchos ya tomaron su decisión por quien van a votar, otros no lo han hecho todavía, lo que si se sabe es que estas elecciones están muy reñidas debido al voto hispano. Muchos están desencantado por votar ya que, no confían del todo en las promesas de los aspirante al congreso, debido a que, no se les cumplieron muchas promesas que se hicieron en campañas anteriores.
Se espera que tarde en la noche de hoy se sepa quienes serán los ganadores de esta contienda electoral.
Monday, November 1, 2010
Sunday, October 3, 2010
Desalojos en Puerto Rico
En primera portado de hoy Domingo, del periódico el Nuevo Día, aparece el tema sobre la problemática que enfrenta muchas familias de bajos recurso económicos en Puerto Rico sobre las intenciones del Gobierno Estatal, así como, los municipios y desarrolladores, en adquirir los terrenos de muchos residentes, para así desarrollar urbanizaciones y condominios para familias de altos ingresos.
Muchos de estos residentes viven en lugares que, según el punto de vista de un desarrollador, se le podría sacar dinero ya que muchos de estos terrenos tienen vistas panorámicas, playas turísticas cerca de lugares de interés (como el caso de los residentes del Caño Martin Peña en Barrio Obrero) y escenas panorámicas lo suficientemente atractivas para el turismo.
Por lo que se ve y se nota, esta problemática está empezando a tornarse 'caliente' ya que en muchos comunidades están teniendo las amenazas de alcaldías, policías y agentes de diferente agencias gubernamentales, tratando de intimidar a los residentes para que se vayan.
Veamos aquí lo que dice la noticia.
Más de 40 comunidades, en su mayoría de escasos recursos, están en riesgo de ser demolidas en nombre del “progreso”
Por Keila López Alicea / keila.lopez@elnuevodia.com
Enormes letreros en la entrada de la comunidad, pintados de azul y llenos de imágenes de tinglares, no dejan que los residentes del barrio Boca en Barceloneta olviden los planes que tiene el Municipio con los terrenos que por años han sido su hogar.
En el patio donde los hijos de Laylanie Ruiz juegan con sus perros y escuchan el rugir del mar, el Municipio planea construir un paseo tablado, gazebos, un área recreativa y los estacionamientos que formarán parte del proyecto Paseo Palmar de Barceloneta. Para eso también necesitarán los terrenos de otras 52 familias, para lo que la Legislatura Municipal aprobó la expropiación forzosa de las 53 estructuras en agosto.
“Ellos nos siguen hostigando. Constantemente viene gente del Municipio, tasadores, vino gente del Senado y hasta una arqueóloga para mirar la zona y hacer chequeos. Pero nosotros no nos vamos a rendir”, expresó Ruiz. La comunidad lleva varios pleitos judiciales en estos momentos que le impiden al ayuntamiento realizar los desalojos.
En nombre del desarrollo turístico también se derrumban casas constantemente en la comunidad Vietnam, en Guaynabo. Poco a poco, el gobierno municipal ha ido tirando al suelo las estructuras de esta comunidad con miras a adquirir los terrenos con vista a la bahía de San Juan que ocupan el único pedazo de costa que tiene el pueblo.
Hasta el momento, una alianza entre las organizaciones Amnistía Internacional, la Coalición de Cero Desalojos en Puerto Rico y Prensa Comunitaria ha identificado un total de 41 comunidades que enfrentan la amenaza de la expropiación o desalojos. Los municipios con más comunidades en peligro son San Juan, Ponce y Loíza.
La construcción de complejos de vivienda o de costosos proyectos turísticos y la llamada rehabilitación de zonas comerciales y residenciales se colocan a la cabeza de la lista de razones por las cuales vecindarios completos -en muchas ocasiones, de bajos recursos económicos- tienen sobre sí la amenaza de la expropiación y el desalojo. La mayoría cargan con la designación de comunidad especial, según lo dispone la Ley 1 de 2001. Pero otras no, como el residencial Las Gladiolas en Hato Rey o invasiones como El Sol en Ponce.
“Esto puede tocar a cualquiera”, dijo el portavoz de la entidad Un Solo Movimiento, Wilfredo López Montañez.
En el pasado, ambiciosos proyectos gubernamentales para la construcción de obra pública han terminado en expropiaciones de comunidades. El desarrollo de la Milla de Oro en Hato Rey y la construcción de la PR-66 entre Carolina y Canóvanas han redundado en decenas de expropiaciones en sectores de bajos recursos económicos. López advirtió que lo mismo sucederá en el centro y norte de la Isla con la propuesta para construir un gasoducto.
El coordinador del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del capítulo local de Amnistía Internacional, Alfonso Román, señaló que los desalojos se consideran una violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
“Son ataques a la gente pobre. Atentan contra el derecho a la vivienda que tiene todo ser humano. Lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico es lo que nosotros tenemos que evitar y proteger a la gente contra estas acciones”, manifestó Román, en referencia a que es muy raro que residencias de personas de alto poder adquisitivo se vean afectadas. Ninguno de los entrevistados pudo identificar una comunidad en riesgo que no fuera de gente pobre.
No obstante, no todos los procesos de expropiación tienen un matiz negativo, pues en ocasiones son necesarios para proteger el bienestar de los ciudadanos. Un ejemplo de esto fue parte de la comunidad Salistral en Ponce, donde se expropió una decena de residencias que se inundaban cada vez que llovía.
amenaza que sigue latente
A partir del 2004, las comunidades especiales recibieron una protección adicional contra las expropiaciones en la forma de la Ley 232. Esta fue una enmienda a la Ley de Comunidades Especiales que obligaba a los municipios a recibir el aval tanto del 75% de los vecinos del sector como de la Legislatura estatal para un proyecto de construcción antes de expropiar.
Precisamente esta directriz es la que pretende eliminar el proyecto del Senado 1575, que ya fue aprobado por la Cámara alta, pero que la Cámara de Representantes dejó sobre la mesa el jueves pasado por no tener los votos suficientes para aprobarlo. Asimismo, la Cámara baja también dejó en veremos el proyecto del Senado 1760, que eximiría a los municipios de que tengan un Plan de Ordenamiento Territorial aprobado y de celebrar una consulta de ubicación antes de expropiar.
El senador novoprogresista Roberto Arango, autor del proyecto 1575, aseguró que es necesario eliminar los obstáculos que impiden que un alcalde pueda impulsar su municipio.
“La realidad es que un alcalde es el que sabe la ruta que debe seguir un pueblo para progresar”, sostuvo.
Pero más allá del temor a ser sacados a la fuerza de su hogar y no tener suficientes recursos para adquirir una nueva residencia propia, líderes comunitarios aseguran que la aprobación de estas medidas establecerá un precedente negativo para la autogestión y el desarrollo de las comunidades del País.
“Esto es bien alarmante, nos están quitando todas las herramientas de participación. Quieren dejar a las comunidades sin nada para después ellos poder hacer lo que quieran sin preguntarle a nadie”, sentenció la arecibeña Yenitzia Rivera, portavoz del sector El Vigía.
http://www.elnuevodia.com/nonosvamosarendir-791233.html
Muchos de estos residentes viven en lugares que, según el punto de vista de un desarrollador, se le podría sacar dinero ya que muchos de estos terrenos tienen vistas panorámicas, playas turísticas cerca de lugares de interés (como el caso de los residentes del Caño Martin Peña en Barrio Obrero) y escenas panorámicas lo suficientemente atractivas para el turismo.
Por lo que se ve y se nota, esta problemática está empezando a tornarse 'caliente' ya que en muchos comunidades están teniendo las amenazas de alcaldías, policías y agentes de diferente agencias gubernamentales, tratando de intimidar a los residentes para que se vayan.
Veamos aquí lo que dice la noticia.
“ No nos vamos a rendir”
Más de 40 comunidades, en su mayoría de escasos recursos, están en riesgo de ser demolidas en nombre del “progreso”
Por Keila López Alicea / keila.lopez@elnuevodia.com
Enormes letreros en la entrada de la comunidad, pintados de azul y llenos de imágenes de tinglares, no dejan que los residentes del barrio Boca en Barceloneta olviden los planes que tiene el Municipio con los terrenos que por años han sido su hogar.
En el patio donde los hijos de Laylanie Ruiz juegan con sus perros y escuchan el rugir del mar, el Municipio planea construir un paseo tablado, gazebos, un área recreativa y los estacionamientos que formarán parte del proyecto Paseo Palmar de Barceloneta. Para eso también necesitarán los terrenos de otras 52 familias, para lo que la Legislatura Municipal aprobó la expropiación forzosa de las 53 estructuras en agosto.
“Ellos nos siguen hostigando. Constantemente viene gente del Municipio, tasadores, vino gente del Senado y hasta una arqueóloga para mirar la zona y hacer chequeos. Pero nosotros no nos vamos a rendir”, expresó Ruiz. La comunidad lleva varios pleitos judiciales en estos momentos que le impiden al ayuntamiento realizar los desalojos.
En nombre del desarrollo turístico también se derrumban casas constantemente en la comunidad Vietnam, en Guaynabo. Poco a poco, el gobierno municipal ha ido tirando al suelo las estructuras de esta comunidad con miras a adquirir los terrenos con vista a la bahía de San Juan que ocupan el único pedazo de costa que tiene el pueblo.
Hasta el momento, una alianza entre las organizaciones Amnistía Internacional, la Coalición de Cero Desalojos en Puerto Rico y Prensa Comunitaria ha identificado un total de 41 comunidades que enfrentan la amenaza de la expropiación o desalojos. Los municipios con más comunidades en peligro son San Juan, Ponce y Loíza.
La construcción de complejos de vivienda o de costosos proyectos turísticos y la llamada rehabilitación de zonas comerciales y residenciales se colocan a la cabeza de la lista de razones por las cuales vecindarios completos -en muchas ocasiones, de bajos recursos económicos- tienen sobre sí la amenaza de la expropiación y el desalojo. La mayoría cargan con la designación de comunidad especial, según lo dispone la Ley 1 de 2001. Pero otras no, como el residencial Las Gladiolas en Hato Rey o invasiones como El Sol en Ponce.
“Esto puede tocar a cualquiera”, dijo el portavoz de la entidad Un Solo Movimiento, Wilfredo López Montañez.
En el pasado, ambiciosos proyectos gubernamentales para la construcción de obra pública han terminado en expropiaciones de comunidades. El desarrollo de la Milla de Oro en Hato Rey y la construcción de la PR-66 entre Carolina y Canóvanas han redundado en decenas de expropiaciones en sectores de bajos recursos económicos. López advirtió que lo mismo sucederá en el centro y norte de la Isla con la propuesta para construir un gasoducto.
El coordinador del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del capítulo local de Amnistía Internacional, Alfonso Román, señaló que los desalojos se consideran una violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
“Son ataques a la gente pobre. Atentan contra el derecho a la vivienda que tiene todo ser humano. Lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico es lo que nosotros tenemos que evitar y proteger a la gente contra estas acciones”, manifestó Román, en referencia a que es muy raro que residencias de personas de alto poder adquisitivo se vean afectadas. Ninguno de los entrevistados pudo identificar una comunidad en riesgo que no fuera de gente pobre.
No obstante, no todos los procesos de expropiación tienen un matiz negativo, pues en ocasiones son necesarios para proteger el bienestar de los ciudadanos. Un ejemplo de esto fue parte de la comunidad Salistral en Ponce, donde se expropió una decena de residencias que se inundaban cada vez que llovía.
amenaza que sigue latente
A partir del 2004, las comunidades especiales recibieron una protección adicional contra las expropiaciones en la forma de la Ley 232. Esta fue una enmienda a la Ley de Comunidades Especiales que obligaba a los municipios a recibir el aval tanto del 75% de los vecinos del sector como de la Legislatura estatal para un proyecto de construcción antes de expropiar.
Precisamente esta directriz es la que pretende eliminar el proyecto del Senado 1575, que ya fue aprobado por la Cámara alta, pero que la Cámara de Representantes dejó sobre la mesa el jueves pasado por no tener los votos suficientes para aprobarlo. Asimismo, la Cámara baja también dejó en veremos el proyecto del Senado 1760, que eximiría a los municipios de que tengan un Plan de Ordenamiento Territorial aprobado y de celebrar una consulta de ubicación antes de expropiar.
El senador novoprogresista Roberto Arango, autor del proyecto 1575, aseguró que es necesario eliminar los obstáculos que impiden que un alcalde pueda impulsar su municipio.
“La realidad es que un alcalde es el que sabe la ruta que debe seguir un pueblo para progresar”, sostuvo.
Pero más allá del temor a ser sacados a la fuerza de su hogar y no tener suficientes recursos para adquirir una nueva residencia propia, líderes comunitarios aseguran que la aprobación de estas medidas establecerá un precedente negativo para la autogestión y el desarrollo de las comunidades del País.
“Esto es bien alarmante, nos están quitando todas las herramientas de participación. Quieren dejar a las comunidades sin nada para después ellos poder hacer lo que quieran sin preguntarle a nadie”, sentenció la arecibeña Yenitzia Rivera, portavoz del sector El Vigía.
http://www.elnuevodia.com/nonosvamosarendir-791233.html
Friday, September 24, 2010
Incremento de la pobreza en los Estados Unidos
Por Samuel Rosario
Con la nueva estadística del censo, todo parece indicar que Estados Unidos va en una nueva dirección económica de pobreza y escases para los ciudadanos norteamericanos para esta nueva decada.
Recientemente, el periódico Express público, en primera plana, la noticia del nuevo aumento de pobreza para los Estados Unidos, donde indica que es el índice más alto desde el año 1960. Esta nueva estadística refleja, según este noticia, que millones de norteamericanos se han quedado sin empleo y se seguirán perdiendo más empleos por los siguientes años por venir a pesar del esfuerzo que la administración del presidente Obama ha hecho por recuperar la economía, con los nuevos estímulos económico aprobados en el 2009.
Las estadísticas
El censo encontró que todo el incremento de la pobreza para el 2010 asciende al 14.3% de la población, o 43.6 millones de gente. En 2008 la pobreza aumento de 13.2 % o 39.8 millones de gente viviendo en la pobreza. La cantidad aumento entre la clase trabajadora entre las edades de 18 a 65 aumentando el índice a 11.7 % entre ese sector, poniéndolo en el más alto desde 1960.
Las estadísticas también reflejan que la pobreza aumentó entre los hispanos de 23.2% a 25.3%, para los afroamericanos de 24.7% a 25.8% y entre los blancos de 8.6% a 9.4%.
Un futuro no muy alentador
Con estas nuevas estadísticas donde reflejan un triste panorama económico para los Estados Unidos, el aumento del desempleo, todo parece indicar que ya, Estados Unidos, salió de la recesión y entró en una nueva etapa económica llamada depresión económica.
Cuando una economía de un país no progresa, si no, qué aumenta el desempleo, los empleos se pierden día a día y el índice de pobreza aumenta, ese es el mejor indicador para decir que se está viviendo en una depresión. Todavía el Gobierno de los Estados Unidos no lo ha declarado así. En 2007 los economistas decían que el país empezaba a vivir una recesión económica pero no fue hasta el año 2008 que el Gobierno lo declaró por cierto.
